La juez cita a declarar como testigo a Elvira Andrés, jefa del gabinete de Rocha en la RFEF

Elvira Andrés era la directora de Compliance cuando se firmó el acuerdo con Arabia Saudí para la disputa de la Supercopa de España en este país y que contó con la intermediación de Gerard Piqué. Luis Rubiales, en su reciente declaración, afirmó que el órgano de Compliance había dado el visto bueno al acuerdo que se está investigando.

La figura de Elvira Andrés ha estado envuelta en las últimas polémicas de la RFEF tras las revelaciones de EL ESPAÑOL. Este periódico publicó en exclusiva que la abogada es una de las beneficiarias del plus de 7.000 euros mensuales que puso Rocha a sus tres colaboradores más directos. 

Estos directivos ya contaban anteriormente con un salario superior a los 175.000 euros anuales. Además, Elvira Andrés fue la máxima responsable del fichaje de Nefer Ruiz, una abogada afín a Javier Tebas y que realizó un dosier contra el Real Madrid para favorecer a LaLiga. 

Rocha ocultó a los órganos de la RFEF, con la complicidad de Elvira Andrés, esta incorporación. La contratación no fue aprobada por ninguna de las comisiones competentes. Tanto la del bonus salarial como esta decisión pueden ser consideradas como una extralimitación de Rocha en sus funciones, ya que como presidente de la Gestora no tenía dichas competencias.

[Rocha adjudicó un plus de 7.000€/mes a su cúpula en la RFEF sin ser aprobado por ninguna comisión]

Durante los últimos días se ha extendido por la Ciudad del Fútbol de Las Rozas el convencimiento de que Elvira Andrés acabará también imputada en la causa. Esta situación se asemeja a la Pedro Rocha en su momento. La juez paró la declaración y cambió la condición del presidente de la RFEF de testigo a investigado. 

Delia Rodrigo también ha pedido nueva información sobre una cuenta en Andorra vinculada a Piqué, ya que en 2023 se habían solicitado los datos con un error numérico. Por tanto, la cuenta no se correspondía con ninguna de las investigadas en la causa. 

También aprueba la magistrada la solicitud de la UCO de volcar los dispositivos intervenidos y entregar una copia a los funcionarios especializados de la Europol.